DISOLUCIÓN DE SOCIEDADES INACTIVAS

En muchos casos las sociedades mercantiles dejan de tener actividad por diferentes circunstancias: porque se acaba el modelo de negocio, porque los promotores inician otros proyectos empresariales, porque no se consiguen fondos para financiar la actividad o, simplemente, porque desaparece la ilusión de continuar con el proyecto. De una forma o de otra, lo cierto es que, a día de hoy, según un estudio realizado por Iberinform, filial de la compañía Crédito y Caución, el 46% de las empresas que figuran en el Registro Mercantil se pueden considerar inactivas o durmientes, en términos coloquiales.

De acuerdo con los datos de este estudio, el Registro Mercantil acumula 1,5 millones de empresas registralmente activas que no han publicado actos, ni han depositado cuentas, a las que están obligadas por ley.

En un articulo de Expansión, basándose en datos de un estudio publicado por Iberiform en 2016, se pone de manifiesto que en el periodo 2008 hasta el 2015, más de 380.000 empresas dejaron de presentar sus cuentas anuales en el Registro Mercantil, por lo que la pregunta que nos hacemos…

Si en la última crisis financiera más de 380.000 empresas se quedaron por el camino ¿Cuántas se llevará por delante el Covid-19?

Nadie lo sabe a ciencia cierta, pero van a ser muchas, y el número de empresas inactivas en el Registro Mercantil es muy posible que se aproxime a los 2 millones.

¿Qué lleva a los administradores y socios a abandonar sus sociedades sin realizar los trámites legales de extinción y disolución?

Los motivos pueden ser variados ….

1º) Por si en un futuro, se quiere reactivar la sociedad con la misma actividad o con otra distinta, aunque, en la realidad, son muy pocas las sociedades que recuperan la actividad.

Dejar sin actividad una sociedad es barato y sencillo. Se decide en una Junta de Administración, se comunica la baja mediante el modelo 036 en Hacienda, se dan de baja todos los suministros y la sociedad ya está inactiva.

Por otro lado, reactivar una sociedad, es la opción mas cómoda, barata y realmente sencilla, de iniciar una actividad económica, sin los costes que supone constituir una nueva compañía. Se decide en una Junta, se comunica el alta mediante el 036 en Hacienda, y a operar.

2º) Por desconocimiento de las consecuencias, responsabilidades y obligaciones (fiscales, mercantiles, etc.) que pueden derivarse para los socios y administradores, en particular, de las sociedades inactivas.


3º) Por evitar los costes de disolución de la sociedad (por ejemplo, los honorarios de notaría y registro) que, en algunos casos, pueden ser muy elevados.

4º) Para intentar vender la sociedad a otra persona que necesite iniciar una actividad rapidamente. En el mundo anglosajón se les llaman sociedades de estantería “shelfcompanies”, a las sociedades que se encuentran ya creadas en “una estantería” a la espera de que a un comprador le interese su compra.

5º) Por simple abandono, desidia, pereza,  cansancio, aburrimiento…. La complejidad y lentitud de los procesos de disolución y liquidación societaria en nuestro Derecho Mercantil hace que muchos propietarios y Administradores de sociedades inactivas tiren la toalla y desistan de disolver su sociedad.

Obligaciones de las empresas inactivas

Muchos piensan que, con dejar la empresa inactiva, ya se pueden olvidar de cumplir con sus obligaciones legales, pero eso no es así, por ejemplo:

  • Aunque se dé de baja la actividad en el censo de Hacienda, las sociedades inactivas tienen que presentar el Impuesto sobre Sociedades todos los años. La no presentación del Impuesto sobre Sociedades puede ocasionar  una sanción de 150 euros por cada año no presentado.
  • Aunque no existan operaciones, las sociedades inactivas deberán llevar la contabilidad como una empresa en activo, aunque solo sea reflejar el asiento de apertura y cierre.
  • De igual manera, las sociedades inactivas deberán legalizar los libros contables, de actas y socios dentro del periodo legal.
  • Las sociedades inactivas tendrán, asimismo, que  formular,  aprobar y depositar las cuentas anuales en el Registro Mercantil dentro del periodo legal, y conviene recordar que las sanciones por incumplimiento de estas obligaciones están tipificadas en el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y más en concreto en su artículo 283, en el que se establecen las sanciones contempladas por los incumplimientos, las cuales pueden oscilar entre los 1.200 y los 60.000 €.

Más problemas

A las obligaciones anteriores, se le añaden a las sociedades inactivas una serie de problemas, por el mero hecho de estar inactivas:

  • Se cierra la hoja registral en el Registro Mercantil, por lo que se imposibilita cualquier tipo de actuación con dicho Registro, y ni siquiera permite obtener un certificado de Administrador para poder renovar el certificado de firma electrónica de la sociedad.
  • Revocación del NIF[i], lo cual impide la continuidad de la vida fiscal de la sociedad misma, lo que a su vez conlleva:
    • Publicación de la revocación del CIF en el Boletín Oficial del Estado, que determina su pérdida de validez a efectos identificativos en el ámbito fiscal, hasta que se rehabilite o se asigne uno nuevo.
    • Imposibilidad de realizar inscripciones en el registro público correspondiente.
    • Imposibilidad de realizar cargos y abonos en cuentas o depósitos abiertos en entidades de crédito.
    • Imposibilidad de obtener el certificado de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias.
    • Baja en el Registro de Operadores intracomunitarios (ROI) y en Registro de Devolución Mensual (RDEME)
  • Aunque la sociedad está inactiva, todas las obligaciones indicadas generan una serie de gastos que van a tener que ser sufragados por los socios y administradores. La contabilidad, las cuentas anuales y la presentación de libros generan una serie de gastos a nombre de la sociedad inactiva, y si tenemos revocado el CIF, no podemos operar con cuentas bancarias, no podemos presentar declaraciones de IVA, etc., Y todos estos gastos ¿quién los sufraga?
  • Están en el punto de mira de la Agencia Tributaria, y de hecho el pasado 28 de enero se publicaron las directrices del Plan General de Control Tributario y Aduanero para el año 2020. En este documento se constata el interés de la AEAT por las empresas inactivas, más concretamente por las empresas denominadas “fantasmas o durmientes” sin actividad, ya que el fisco sospecha que una parte de ellas, especialmente las de pequeño tamaño (las microempresas) esconden realmente negocios no declarados, entramados societarios o situaciones de insolvencia que permiten ocultar patrimonio u otros fraudes.

Responsabilidades de los administradores societarios

Según la actual normativa, las sociedades inactivas deben proceder a su disolución obligatoria cuando trascurra un año desde el cese de actividad (artículo 363 de la Ley de Sociedades de Capital).

Pasado el plazo indicado, en virtud del artículo 367 de la Ley de Sociedades de Capital, los Administradores o consejeros responderán solidariamente de las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución de la sociedad.

Es decir, si dejamos una sociedad inactiva y ésta tuviese deudas con terceros y con la Administración Pública, los administradores podrán ser declarados responsables subsidiarios de las citadas deudas si no cumplen con lo estipulado para la disolución obligatoria.



No merece la pena mantener una empresa inactiva por ahorrarnos los costes de disolución, pues a la larga (en tres años por término medio), los costes ocasionados por las obligaciones tributarias y mercantiles van a superar los ahorros obtenidos, sin tener en cuenta los problemas y las responsabilidades que acarrean.

 No lo piense más, disuelva esa sociedad inactiva y descanse tranquilo.

[i] Se encuentra regulada en el apartado 4 de la disposición adicional sexta de la Ley General Tributaria y en el artículo 147 del Reglamento General de aplicación de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos.